EJE TEMÁTICO: EL REGISTRO Y EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN REGISTRAL DIRIGIDO A LOS CIUDADANOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD:

• La crisis sanitaria a consecuencia de la pandemia implicó un periodo de carencia, es decir, una crisis económica que agravó aún más la situación de las personas en vulnerabilidad.
• El enfoque de la vulnerabilidad debe comprender dos actuaciones:
1. La primera es tener una actuación institucional, que implica al estado y sus dependencias y
2. La segunda es una actuación a nivel individual que incluye, por ejemplo: los registradores públicos, notarios públicos, etc.
• Las acciones a fin de abordar el tema de la vulnerabilidad deben responder a una política de Estado y corresponde a los servidores públicos contribuir a ello con su vocación de servicio.
• En la legislación española se viene trabajando un proyecto de reforma constitucional sobre la protección de las personas mayores de edad, considerado como una colectividad vulnerable.
• Tanto la Constitución Política del Perú como los tratados internaciones reconocen varios derechos colectivos a las comunidades nativas, entre ellos, a elegir sus prioridades de desarrollo, a las tierras y el territorio; así como al uso de los recursos naturales que se encuentran en su ámbito geográfico.
• El compromiso de la Sunarp para el desarrollo y reconocimiento pleno de los derechos de las comunidades nativas, se ve reflejado en la formalización de sus predios rurales, inscripción de su personería jurídica y renovación de las juntas directivas, lo cual otorga seguridad jurídica y nuevas oportunidades de desarrollo.
• En la Región de San Martín se ha logrado la inscripción de 108 comunidades nativas y 3 comunidades campesinas. En la Región de Loreto se ha logrado la inscripción de 441 comunidades nativas y 10 comunidades campesinas.
• Mediante el convenio suscrito por la Sunarp y la Federación Regional Indígena de Awajun del Alto Mayo – FERIAAM se ha beneficiado a 16 comunidades nativas y 22 sectores de la etnia Awajun.
• En lugares remotos y zonas fronterizas, las comunidades nativas carecen de notarios públicos, pero cuentan con la presencia del juez de Paz. No obstante, existe exclusión jurídica registral debido al desconocimiento de la normativa en estas áreas.
• Muestra de ello es que, si bien la Ley N° 29824 redujo las facultades notariales de los jueces de paz, limitándolos a otorgar escrituras de transferencias de posesión de bienes inmuebles de cierto valor. El notario o en su defecto el Juez de Paz puede celebrar negocios jurídicos sobre bienes inmuebles, mediante formularios registrales conforme a los lineamientos establecidos por el Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en el Exp. 0016-2002-AI/TC y el Exp. acumulado 0001/0003-2003-AI/TC, siempre y cuando no supere en valor económico las 20 UIT.
• Para impulsar el proceso de titulación de tierras rurales y de comunidades campesinas se debe tener en consideración las siguientes recomendaciones:
  1. Reforzar las acciones de difusión y promoción del proceso de titulación de tierras;
  2. Aprobar los instrumentos de gestión por parte de los Gobiernos Regionales;
  3. Emitir lineamientos y directivas que describan las actividades de los procedimientos de titulación de tierras;
  4. Exonerar el pago de las tasas y/o derechos ante entidades públicas; y,
  5. Brindar el financiamiento adecuado para acelerar el procedimiento de titulación de tierras.
• El Registro como actor de inclusión en el fortalecimiento de los derechos de las personas adultas mayores, merece una especial atención teniendo en cuenta que el envejecimiento de la población es un problema público sobre todo en los países en vías de desarrollo que tiene una mayor brecha institucional y de servicios públicos.Para ello se propone el despliegue de acciones estratégicas como:
  1. Promoción de la participación en espacios y foros de debate para la defensa de los derechos patrimoniales;
  2. Articulación interinstitucional para la protección de los derechos de las personas adultas mayores PAM;
  3. Creación de un programa de inclusión registral orientado a las personas adultas mayores PAM;
  4. Aprobación de tasas registrales preferenciales de los servicios registrales para las personas adultas mayores PAM.
• Las entidades públicas que impulsan el desarrollo de infraestructura por competencia deben priorizar las zonas y ámbitos a intervenir y articular con todos los demás sectores para la ejecución de los proyectos.
• El saneamiento físico legal de los bienes estatales es de vital importancia para la programación de la inversión pública y la atención de las necesidades de la población vulnerable.
• Las personas con discapacidad tienen plena capacidad de ejercicio de sus derechos, en virtud de dicha capacidad pueden designar libremente los apoyos que consideren necesarios, salvo que no puedan manifestar su voluntad.
• La inscripción de interdicción y nombramiento de curador no constituyen obstáculos para la inscripción de la designación de apoyos por parte de las personas con discapacidad, por cuanto, a partir de la vigencia del Decreto Legislativo 1384, tienen plena capacidad jurídica, en concordancia con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
• El Registro debe desempeñar un papel más inclusivo, lo cual implica adoptar criterios que favorezcan el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
• Existen canales de comunicación alternativos que permiten a las personas manifestar su voluntad, por lo que corresponde su reconocimiento social y jurídico y, asimismo, eliminar los prejuicios al respecto.
• Las personas con discapacidad tienen, en igualdad de condiciones que los demás, plena capacidad de ejercicio, ello independientemente de si usan o requieren ajustes razonables o apoyo para la expresión de su voluntad.
• Las rondas campesinas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial y en base a sus costumbres, siempre que no vulneren derechos fundamentales.